Reclamaron el esclarecimiento de un crimen y la aplicación de la ley 26.160
La Unión de la Nación del Pueblo Diaguita encabezó ayer una importante movilización para reclamar justicia ante el asesinato de Javier Chocobar por parte del terrateniente Darío Amín y ex policías a su servicio, que dejó además un saldo de 4 heridos -uno de ellos en grave estado-. El ataque se llevó a cabo en la localidad de El Chorro, Trancas. Volvieron a exigir que el estado cumpla con sus obligaciones y respete el derecho de los Pueblos Originarios en la provincia, en particular la Ley 26.160.
En el marco de la marcha que realizaron en la jornada de ayer, las autoridades Comunitarias y miembros de los Pueblos Diaguita y Pueblo Lule de la provincia de Tucumán publicaron el comunicado que reproducimos a continuación:
Las autoridades Comunitarias y miembros de los Pueblos Diaguita y Pueblo Lule de la provincia de Tucumán, denunciamos que el asesinato en la comunidad de Chuschagasta, significa un escalada de violencia que desde hace siglos se viene ejerciendo en contra de los Pueblos Originarios, y que hoy se pone en evidencia porque decidimos salir de la invisibilidad a la estuvimos sometidos haciendo ejercicio de los derechos que nos amparan.
Denunciamos:
- Que en Tafi del Valle, en El Chorro, en El Nogalito, en Colalao del Valle, solo por citar algunos casos; quienes aducen titularidad sobre nuestros Territorios Tradicionales, reaccionaron con la complicidad de jueces; con amenazas de muerte a través de mensajes telefónicos; verbales o lisa y llanamente, con armas de fuego.
- Que desde hace mucho tiempo se nos viene persiguiendo judicialmente, con causas individuales y denuncias penales. En casos extremos, algunos de nuestros hermanos soportan decenas de demandas, las que son hechas con un claro objeto de intimidar ya que son autoridades ancestrales o trabajan junto a ellas.
- Que la Justicia Provincial es responsable de estas persecuciones, por su desconocimiento sobre los instrumentos legales existentes sobre el Derecho Indígena, y la violación de leyes específicas como la Nº 26.160, dictando desalojos en tierras comunitarias cuando esta norma lo prohíbe.
- Que el Poder Ejecutivo no está garantizando nuestra seguridad, ni la seguridad de la ciudadanía en general, por cuanto estos individuos, como los asesinos de Chuschagasta pueden trasladarse impunemente por rutas y lugares públicos cargando armas de grueso calibre.
- Que el Estado Provincial aún no encuentra los mecanismos adecuados para la aplicación de las normas jurídicas sobre nuestros derechos colectivos y la aplicación en la práctica del Art. 149 de nuestra Constitución Provincial.
- Que esta situación tiene a nuestras comunidades en un estado de inseguridad y violencia que nos afecta tanto material como moralmente, lo que constituye un atentado directo a nuestras vidas y por consiguiente una violación a las normas vigentes sobre Derechos Humanos establecidas internacionalmente y a la que la República Argentina está suscripta.
- Que estos atropellos y violaciones son producto de los intereses económicos sobre Nuestros Territorios, de los que depende nuestra supervivencia por cuanto afectan la posesión tradicional y los usos y costumbres que practicamos.
Reclamamos
Al Poder Judicial:
- Juicio y castigo al asesino de nuestro hermano Javier Chocobar, y a sus cómplices, como también acciones para reparar el daño a su familia.
- El cumplimiento del Art. 75 de la Constitución Nacional, el Art. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como así también el Art. 149 de la Constitución Provincial.
- La suspensión de todo acto que implique el desalojo de Nuestras Tierras Comunitarias en cumplimiento de la Ley de Orden Público 26.160.
Al Poder Ejecutivo:
- Garantizar efectivamente el bienestar de todos los integrantes de las 19 Comunidades Indígenas de Tucumán.
- Promover todas las tareas necesarias para la efectiva realización del Relevamiento Técnico Jurídico Catastral en Nuestros Territorios.
- Acciones concretas para avanzar en la solución de los múltiples problemas que afectan a nuestras comunidades, en forma prioritaria en lo referente a la seguridad territorial y la preservación de los recursos naturales.
Al Poder Legislativo
El dictado de Leyes en consonancia con lo establecido por el Art. 149 de la Constitución Provincial y los instrumentos de reconocimiento del Derecho de los Pueblos Indígenas.
POR NUESTROS MARTIRES Y TITAQUINES
Demetrio Balderrama – Comunidad Indígena de Chuschagasta
Rufino Morales – Comunidad Indígena Pueblo de Tolombon
Eduardo Nieva – Comunidad Indígena Amaicha del Valle
Juan Carlos Ocampo – Comunidad Indígena Potrero (Rodeo Grande)
Horacio Ayala – Comunidad Indígena Chaquivil
Santos Pastrana – Comunidad Indígena del Valle de Tafi
Enrique Mamani – Comunidad Indígena Diaguita El Mollar
Francisco Chaile – Comunidad India Quilmes
Alberto Romano – Comunidad Indígena Mala-Mala
Raúl Sequeiro – Comunidad Indígena Casas Viejas
Joaquín Pérez – Comunidad Indígena El Nogalito
Marcelo Cruz – Comunidad Indio Colalao
Eusebio Arce – Comunidad Indígena La Hollada
Juan J Carrazazo – Comunidad Indígena La Angostura
Rudesindo Chocobar – Comunidad Indígena Diaguita de Anfama
Rolando Yampa – Comunidad Indígena Solco Yampa
Santiago Mamani – Consejo de Participación Indígena por el Pueblo Diaguita en Tucumán
David Sanche – Consejo de Participación Indígena por el Pueblo Diaguita en Tucumán
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Andhes (Abogados y Abogadas del NOA
en Derechos Humanos y Estudios Sociales)
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Fotografías por: Contrapunto
Dardo Abbattista Argentina y el mundo
Es Debora Magalí Gomez. Se extravió el Domingo 20 de diciembre de 2009, en el barrio Don Orione, de Florencio Varela.
